El 29 y el 30 de septiembre de 2026, el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) acogió en la Ciudad de México el Congreso internacional “20 años del control de convencionalidad: aportes y desafíos para la garantía de los derechos humanos en la región”, que conmemoró la sentencia Almonacid Arellano y otros vs. Chile. El Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional (MPIL) coorganizó el congreso junto con el IIJ, su Observatorio del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (OSIDH) y el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. Mariela Morales Antoniazzi, investigadora sénior del MPIL, formó parte del comité académico con Maria Elisa Franco del Campo, José María Serna de la Garza, Eduardo Ferrer Mac-Gregor y José Daniel Chávez. Carolina Bejarano Martínez, investigadora senior del MPIL, participó como ponente.

La Comisión Interamericana en el centro del debate

Cinco mesas reunieron a integrantes de la Corte y de la Comisión Interamericana con especialistas de la región. En ellas se examinaron los orígenes de la figura, su relevancia para los grupos en situación de vulnerabilidad y su aplicación en diferentes países de la región. La Comisión Interamericana tuvo una presencia destacada a lo largo de las dos jornadas. En la Mesa 1, sobre los avances y desafíos regionales del control de convencionalidad, intervinieron su presidente, Edgar Stuardo Ralón Orellana, y su secretaria ejecutiva, Tania Reneaum. La Mesa 3, dedicada a la protección de los grupos en situación de vulnerabilidad, estuvo integrada por Andrea Pochak, primera vicepresidenta de la Comisión; Gloria Monique de Mees y Riyad Insanally, comisionados; y Jorge Meza Flores, secretario ejecutivo adjunto. José Luis Caballero Ochoa, segundo vicepresidente de la Comisión, participó en la Mesa 2.

El control de convencionalidad como núcleo del ICCAL

En la inauguración, Morales Antoniazzi situó el congreso en el horizonte del Ius Constitutionale Commune en América Latina (ICCAL). Lo presentó como concepto, como conjunto de normas y como red de investigación que combina teoría y praxis para promover el potencial transformador de los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho en la región. Dentro de ese enfoque, explicó, el control de convencionalidad ocupa el núcleo doctrinal. Al fomentar el diálogo entre jueces nacionales e interamericanos, impulsa la “interamericanización”: los estándares de San José permean los órdenes domésticos y dan lugar a reformas legislativas y políticas públicas. Repasó luego la ampliación progresiva de los sujetos obligados, desde el poder judicial en Almonacid hasta toda autoridad pública en Gelman vs. Uruguay (2011), así como la extensión del parámetro a todo el corpus iuris interamericano, incluidas las opiniones consultivas. Como ejemplo citó la trata de personas, un delito arraigado en la desigualdad y vinculado a la corrupción, frente al cual la doctrina obliga a todo el aparato estatal a actuar conforme a los estándares regionales. Cerró evocando a Sergio García Ramírez, para quien este control debía ser “factor de armonización jurídica, no semilla de dispersión”.

Homenaje a Sergio García Ramírez

Ese mismo día, Morales Antoniazzi expuso en la Mesa 2, dedicada a los aportes del exjuez mexicano. Compartió panel con José Luis Caballero Ochoa; José de Jesús Orozco Henríquez, investigador del IIJ y excomisionado de la Comisión Interamericana; y María Elisa Franco Martín del Campo, coordinadora del OSIDH.

Su intervención rindió homenaje a García Ramírez. El concepto surgió en sus votos razonados, empezando por Myrna Mack Chang vs. Guatemala (2003), y Almonacid lo transformó después en una obligación de la persona juzgadora nacional. Morales Antoniazzi describió la doctrina como una teoría construida caso por caso y como motor del ICCAL. Señaló cuatro desafíos: legitimidad, operatividad, coherencia sistémica y contexto político. Trasladó también al ámbito regional los escenarios de continuidad, atrofia y ruptura que Armin von Bogdandy formula para el Derecho de la Unión Europea. A su juicio, ante los anuncios de salida, las presiones financieras y el populismo punitivo, la resiliencia del sistema depende en gran parte de los tribunales domésticos, que esta doctrina ha convertido en su última línea de defensa.

Un puente hacia la dignidad

En la Mesa 4, centrada en la perspectiva del tribunal de San José, Carolina Bejarano Martínez coincidió con Verónica Gómez, jueza de la Corte IDH; Pablo González Domínguez, director jurídico de ese órgano; y Yuria Saavedra Álvarez, profesora de la Facultad de Derecho de la UNAM. Su exposición, “Un puente hacia la dignidad”, propuso reemplazar las imágenes de pirámide y supremacía por la de un puente. Ese puente une dos orillas sin subordinarlas, se recorre en ambas direcciones y conduce a la dignidad humana. Partiendo del preámbulo y de los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana, presentó el mecanismo como una vía de adaptación preventiva. Siguiendo la supervisión de cumplimiento de Gelman vs. Uruguay (2013), distinguió además entre res judicata y res interpretata. Según su argumento, las críticas de déficit democrático y de reacción adversa pierden fuerza fuera de la lógica jerárquica, aunque el modelo exige a la Corte motivación rigurosa y apertura al diálogo con las judicaturas locales.

El congreso concluyó con una mesa sobre los avances y desafíos del control de convencionalidad en México y con una ceremonia de clausura a cargo de Mónica González Contró, directora del IIJ, José María Serna de la Garza, Mariela Morales Antoniazzi y María Elisa Franco Martín del Campo.