El 19 de octubre de 2026, el Coloquio Iberoamericano No. 355 reunió a un conjunto de académicos, especialistas, representantes de instituciones internacionales y de organizaciones de la sociedad civil, en formato híbrido, con el objetivo de examinar las diferentes propuestas de reforma para la institucionalización del sistema de justicia venezolano. Se llevó a cabo en cooperación con la Universidad Católica Andrés Bello, en particular con el Centro de Derechos Humanos, el Departamento de Derecho Comparado del Instituto de Investigaciones Jurídicas y la Cátedra Libre Estudios de la Mujer “Teresa de la Parra”.

Se contó con palabras de salutación del Rector de la Universidad Católica Andrés Bello, Padre Arturo Peraza, s.j. Mariela Morales Antoniazzi, en nombre del Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional Público (MPIL), puso de relieve el marco teórico del ius commune y la reinteramericanización para la transición en Venezuela. Las intervenciones estuvieron a cargo de los profesores Carlos Ayala Corao y Jesús María Casal, la profesora Magaly Vásquez, las abogadas Marianna Romero y Beatriz Borges, del Vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, José Luis Cabellero y del magistrado de la Jurisdicción Especial para a Paz, Óscar Parra Vera.

Se profundizó en el análisis de los procesos de renovación y reforma institucional del Poder Judicial con enfoque de justicia transicional. Se examinó el caso venezolano a la luz de experiencias comparadas (como la de Ecuador y Guatemala) así como de los estándares del Sistema Interamericano. Se destacó la importancia de asegurar la representatividad y pluralismo en el proceso de reforma, incluyendo el llamado a hacer valer el mandato legal venezolano de procurar paridad de género en su conformación. Un eje de la discusión giró en torno al papel de monitoreo desde la Sociedad civil. Todas las ponencias subrayaron la relevancia de cumplir con los criterios y estándares con el objetivo de lograr una judicatura independiente, para evitar un mero reparto de cuotas. La transparencia, la sujeción a reglas claras, la elaboración de un baremo que comprenda las distintas dimensiones que deben ser ponderadas, la participación, así como acompañamiento de la sociedad civil son elementos clave en este proceso de reforma.