¿Derecho irrelevante, derecho interno, derecho imperial? La política exterior estadounidense y el discurso justificativo de la invasión de Venezuela

El derecho irrelevante: La política exterior estadounidense bajo Trump

“No necesito el derecho internacional.”

Donald Trump, entrevista al periódico The New York Times, 11 de enero de 2026.

En el contexto de la política exterior estadounidense durante la segunda Administración Trump, el derecho internacional parece ser un factor irrelevante. En Groenlandia, Venezuela e Irán, los Estados Unidos (EE.UU.) han usado o amenazado con utilizar la fuerza armada de manera manifiestamente ilegal. Por supuesto, el uso ilegal de la fuerza armada por parte de los EE.UU. no es un desarrollo novedoso, si se tiene en cuenta su larga lista de invasiones en Granada, Irak, Afganistán, etc. Pero lo que parece novedoso es la ausencia total de justificaciones y discursos legales en su política exterior. Esto es evidente sobre todo en la manera en que los EE.UU. se comportan en el ámbito de la construcción de paz. Tradicionalmente, la política de construcción de paz, y construcción de estados, de los países del Norte Global se ha basado en dos ejes normativos como parte de su ideología liberal: la construcción de una economía de mercado capitalista, por un lado, y el compromiso normativo con la democracia, los derechos humanos y el estado de derecho, por otro. Pero bajo Trump, los EE.UU. han enfatizado el aspecto económico y descuidado el normativo.

El plan de paz para Gaza, aprobado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, es el ejemplo más evidente de este cambio de rumbo. En este caso, la solución para la paz en Gaza se presenta casi exclusivamente como un asunto de desarrollo económico, logrado mediante medidas de inversiones privadas y desregulación. Los asuntos políticos, sobre todo el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino, se ignoran. La gobernanza se convierte en un proyecto tecnocrático, sin ninguna referencia a la democracia o al estado de derecho. Esto crea una imagen de como la Administración Trump concibe la construcción de paz en Gaza, en particular, y posiblemente en otras situaciones futuras: el desarrollo económico se presenta como la panacea, llevado a cabo por entidades empresariales y ágiles mediante la desregulación y las inversiones privadas. A diferencia de la construcción de paz liberal clásica, se caracteriza por la ausencia total de compromiso con valores normativos como la democracia y los derechos humanos. Refleja un nihilismo normativo, que se manifiesta en la actitud general de la Administración frente al derecho internacional.

El derecho interno: El discurso justificativo oficial de la invasión

En el contexto de la operación Absolute Resolve, la situación es más compleja. Por un lado, como muestra el Memorándum del Consejo Jurídico sobre la operación, el derecho internacional se excluyó conscientemente de las consideraciones jurídicas de la Casa Blanca (pp. 5-7). Sin embargo, por otro lado, los valores normativos, y sobre todo el derecho penal interno de los EE.UU. sí desempañaron un papel importante en los discursos oficiales. En particular, el Secretario de Estado Marco Rubio, ha enfatizado la voluntad de garantizar una transición democrática y elecciones libres y justas en Venezuela. Por supuesto, estas promesas suenan vacías si se tiene en cuenta el apoyo estadounidense al nuevo régimen de Delcy Rodríguez. Sin embargo, es conveniente enfatizar que la invasión se presenta también como un proyecto ideológico, no solo guiado por intereses nacionales estadounidenses.

El eje más importante y preocupante de las justificaciones ha sido el derecho penal interno. Por ejemplo, el Memorándum precitado describe la operación como un uso de las fuerzas armadas en apoyo de una operación policial. Además, la Administración ha descrito continuamente la operación como una acción contra el narcotráfico, respaldada por los cargos penales federales en contra de Maduro, similar a la captura de Manuel Noriega en 1990. Como consecuencia, Maduro está siendo procesado por la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. Desde el punto de vista internacional, esta justificación resulta sorprendente. Caracas, por supuesto, no forma parte del distrito sur de Nueva York ni está bajo jurisdicción estadounidense. En realidad, este argumento de derecho nacional debilita la defensa legal de la operación, ya que tanto la aplicación del derecho estadounidense en Venezuela como el proceso contra un jefe de Estado extranjero son evidentemente ilegales según el derecho internacional. Para comprenderlo, se debe ver este argumento como parte de las aspiraciones neo-imperiales de los EE.UU. en el hemisferio occidental.

El derecho imperial: Venezuela y la doctrina Donroe

El discurso justificativo legal con argumentos de derecho penal nacional encaja en el contexto de los esfuerzos de la Administración Trump para reafirmar el control de los EE.UU. sobre las Américas. Estos esfuerzos quedaron más evidentes en el corolario de Trump a la doctrina Monroe, también conocida como doctrina Donroe, presentado en la Estrategia de Seguridad Nacional de 2025 (p. 15). La invasión de Venezuela forma parte de la realización de esta estrategia.

Por ejemplo, los EE.UU. han destacado que esta operación ha servido para expulsar a los adversarios extranjeros de “nuestro hemisferio”. Además, en retrospectiva es evidente que los EE.UU. se consideran el árbitro final de lo que constituye el beneficio y el bienestar del pueblo venezolano. No solo han presionado al gobierno transicional para que elimine las restricciones chavistas sobre las inversiones extranjeras en el sector petrolero, sino que también le han exigido que presente a los EE.UU. un presupuesto mensual para su aprobación. No es sorprendente que el secretario Rubio haya elogiado que una parte significativa de este presupuesto se utilice para comprar medicamentos y equipamiento estadounidenses.

Considerando todo esto, la justificación basada en el derecho nacional resulta lógica. Para la Administración Trump, al igual que durante la Guerra Fría, son los EE.UU. quienes determinan lo que sucede en el hemisferio occidental y, por lo tanto, su derecho nacional es un criterio apropiado para evaluarlo. Así, el derecho nacional estadounidense se convierte en un instrumento de dominación imperial sobre el hemisferio “estadounidense”.

¿Qué significan estas observaciones? En primer lugar, enfatizan el importante papel de los Estados y las instituciones de la región en la transición venezolana (incluso la Corte IDH en San José). La Administración Trump ha demostrado que no considera el derecho internacional como un estándar normativo ni como un límite a su poder. Por lo tanto, no se puede depender de los EE.UU. para que presione al régimen de Rodríguez y asegure una transición verdadera a la democracia. La presión y el apoyo al pueblo venezolano deben provenir de la región, de los Estados vecinos, de las instituciones regionales y de los movimientos sociales.

El autor agradece a Vanessa Vanegas por sus comentarios.