La transición democrática en Venezuela es un asunto interamericano

La crisis venezolana no puede entenderse únicamente como una crisis política interna, una disputa electoral o una emergencia humanitaria. Es, ante todo, una crisis integral del constitucionalismo democrático en el espacio interamericano. Su gravedad radica en que muestra lo que ocurre cuando se rompe la triada Estado de derecho, democracia y derechos humanos. Venezuela confirma que, cuando uno de estos elementos colapsa, arrastra a los demás.

Por eso, hablar de una transición en Venezuela no puede reducirse a hablar de un cambio en el ejecutivo o de un llamado a elecciones, aunque estos sean pasos cruciales para la transición. Una transición democrática exige reconstruir las condiciones institucionales, políticas y sociales que hacen posible el funcionamiento de la triada. Y esa tarea no le concierne solo a Venezuela: es también un asunto interamericano. Tanto su diagnóstico, como sus consecuencias y también sus remedios han sido ampliamente desarrollados en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

El diagnóstico interamericano: todo comenzó con la erosión del Estado de derecho

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha argumentado en sus múltiples informes sobre Venezuela que la crisis venezolana comenzó con la erosión progresiva del Estado de derecho. Antes de que la ruptura democrática se hiciera plenamente evidente, ya existían señales profundas de debilitamiento institucional: pérdida de independencia judicial, provisionalidad de jueces y fiscales, presión sobre los órganos de control y uso selectivo del derecho penal contra defensores de derechos humanos, periodistas, opositores y disidentes políticos.

Este punto es fundamental. Sin jueces independientes, el derecho deja de ser un límite al poder y se convierte en una herramienta del poder. Las normas siguen existiendo, los tribunales siguen funcionando y las decisiones mantienen una forma jurídica. Pero la legalidad se vacía de sentido democrático cuando las instituciones encargadas de controlar al ejecutivo pasan a actuar como sus instrumentos.

Por eso, la crisis venezolana no empezó solamente con una elección cuestionada o con un conflicto abierto entre gobierno y oposición. Empezó antes, con el deterioro de las garantías institucionales que hacen posible exigir la Constitución y proteger los derechos. Cuando los jueces no pueden decidir con independencia y el derecho penal se usa para intimidar, el Estado de derecho pierde su función esencial: someter el poder a reglas.

Del deterioro judicial al vaciamiento democrático

El debilitamiento del Estado de derecho abrió paso a una segunda ruptura: el vaciamiento de la democracia. Uno de los episodios más claros fue la anulación práctica de las competencias de la Asamblea Nacional elegida en 2015. A través de la figura del “desacato”, el Tribunal Supremo de Justicia neutralizó al órgano representativo elegido popularmente y bloqueó su capacidad de ejercer funciones legislativas y de control político.

Este episodio muestra que el problema no era solamente judicial. Era profundamente democrático. Si una mayoría ciudadana elige un Parlamento, pero ese Parlamento es despojado de sus competencias por un tribunal alineado con el Ejecutivo, el voto pierde eficacia. La ciudadanía vota, pero su decisión no transforma el ejercicio del poder.

La democracia, entonces, no desaparece necesariamente de un día para otro. Puede mantenerse en la superficie, con elecciones, partidos, instituciones y discursos constitucionales. Pero se vacía cuando deja de existir competencia real, separación de poderes, pluralismo político y posibilidad efectiva de alternancia. En Venezuela, la concentración del poder no ocurrió por fuera del derecho, sino muchas veces a través de él.

La crisis de derechos humanos como forma estructural de gobierno

La ruptura del Estado de derecho y de la democracia desembocó en una crisis masiva de derechos humanos. La represión dejó de ser una respuesta coyuntural frente a determinados conflictos y se convirtió en una forma estructural de gobierno. La cooptación institucional permitió la expansión de prácticas como detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, persecución de opositores, criminalización de defensores de derechos humanos y uso de tribunales militares contra civiles.

Pero la crisis de derechos humanos en Venezuela no se limita a la represión directa. También se expresa en el deterioro de las condiciones materiales de vida. El colapso de servicios públicos, el desabastecimiento, las restricciones en el acceso a medicamentos, la precarización de la salud y la inseguridad alimentaria muestran que la ruptura institucional tiene consecuencias cotidianas sobre la vida de millones de personas.

En este contexto, la migración venezolana debe entenderse también como una forma de migración forzada y como una estrategia de supervivencia. Millones de personas han salido del país no solo por razones económicas, sino por una combinación de violencia, persecución, colapso institucional y deterioro profundo de derechos sociales básicos. La respuesta regional, por tanto, no puede basarse únicamente en criterios ordinarios de política migratoria. Debe partir del reconocimiento de que la movilidad humana venezolana está vinculada con una crisis regional de derechos humanos.

La etapa reciente: miedo, control y cierre del espacio cívico

La etapa más reciente profundiza la relación entre Estado de derecho, democracia y derechos humanos. Después del ciclo electoral de 2024 y la investidura presidencial de enero de 2025, la situación venezolana ha mostrado una mayor consolidación del cierre autoritario. La represión política, la vigilancia, las detenciones arbitrarias, los allanamientos sin orden judicial, la anulación de pasaportes y la persecución de voces críticas han cerrado aún más el espacio cívico.

Lo que está en juego no es solamente quién gobierna, sino cómo se gobierna. Un régimen que usa el miedo para impedir la participación política destruye las condiciones mínimas de la ciudadanía democrática. Cuando las personas no pueden expresarse, organizarse, protestar, votar libremente o acudir a jueces independientes, los derechos dejan de ser garantías exigibles y se convierten en concesiones precarias.

Este punto es central para pensar cualquier transición. Una transición democrática no puede consistir únicamente en sustituir autoridades. Debe desmontar las estructuras que hicieron posible la persecución, la impunidad y la concentración del poder. Debe reconstruir la justicia, restablecer garantías para la oposición, proteger a defensores y periodistas, asegurar condiciones electorales auténticas y atender las consecuencias sociales de una crisis prolongada.

Por qué la transición venezolana es interamericana.

La transición en Venezuela es un asunto interamericano por tres razones.

La primera es normativa. El sistema interamericano de derechos humanos se construyó sobre la premisa de que democracia, Estado de derecho y derechos humanos son interdependientes. La Carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la práctica de la Comisión y la Corte Interamericanas afirman que la protección de los derechos no puede separarse de las condiciones institucionales que hacen posible la democracia constitucional.

La segunda razón es material. La crisis venezolana ha producido efectos regionales: migración forzada, presión sobre sistemas de salud, educación y trabajo en países receptores, expansión de redes de protección transnacional y nuevos desafíos para la integración regional. Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Brasil y otros Estados no son simples observadores externos. Sus instituciones, comunidades y políticas públicas han sido directamente afectadas por la crisis.

La tercera razón es política. Si el colapso democrático de un país se normaliza, toda la región se debilita. La tolerancia frente a la concentración del poder, la persecución de opositores o la destrucción de la independencia judicial envía un mensaje peligroso: que los compromisos democráticos interamericanos son negociables. Una respuesta regional firme, coordinada y basada en derechos puede contribuir, por el contrario, a restablecer la idea de que la democracia no es solo un asunto interno de los Estados, sino una condición compartida del orden interamericano.

Reconstruir la tríada

Venezuela muestra que la democracia no sobrevive sin Estado de derecho, que los derechos humanos no se protegen sin democracia y que el Estado de derecho pierde sentido cuando se desconecta de la dignidad humana. La crisis se explica precisamente por la ruptura de esa tríada: la pérdida de controles institucionales permitió la concentración del poder; la concentración del poder vació la democracia; y el vaciamiento democrático abrió paso a violaciones sistemáticas de derechos humanos.

Por eso, la transición venezolana debe pensarse como una reconstrucción simultánea. No basta con organizar elecciones si no existen garantías institucionales. No basta con liberar presos políticos si persisten las estructuras de persecución. No basta con atender la emergencia humanitaria si no se restablecen las condiciones democráticas que impidan su repetición.

La transición en Venezuela es un asunto interamericano porque interpela el sentido mismo del constitucionalismo democrático regional. Nos recuerda que los derechos humanos no flotan en el vacío: dependen de instituciones, controles, jueces independientes, participación ciudadana y garantías efectivas frente al abuso del poder. Por eso, la transición venezolana no es solo una tarea nacional. Es una responsabilidad democrática de toda la región.