Síntesis de los hallazgos de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela

La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela forma parte de un grupo de órganos de investigación establecidos por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para examinar situaciones de graves violaciones de derechos humanos.
El trabajo no se limita al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, sino que incorpora también el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Penal Internacional. Esta combinación permite no solo analizar la responsabilidad del Estado por las violaciones cometidas, sino también identificar posibles responsabilidades penales individuales.

La metodología utilizada se basa en el estándar de “motivos razonables para creer”. Dicho estándar se alcanza cuando la información disponible permite que un observador objetivo concluya razonablemente que los hechos ocurrieron de la manera descrita. No obstante, este nivel de prueba no equivale a una determinación judicial de responsabilidad penal, función que corresponde exclusivamente a los tribunales competentes.

La creación de la Misión sobre Venezuela en octubre de 2019 representó un hecho significativo, ya que fue el primer mecanismo de esta naturaleza establecido para un país de América Latina y el Caribe. Su establecimiento debe entenderse en el marco de la profunda crisis política, institucional y humanitaria que atravesaba Venezuela. Entre 2015 y 2019 se produjo una acelerada confrontación política: la oposición obtuvo la mayoría parlamentaria en 2015; posteriormente la Asamblea Nacional fue declarada en desacato por el Tribunal Supremo de Justicia; en 2018 Nicolás Maduro fue reelegido en unas elecciones ampliamente cuestionadas; y en 2019 Juan Guaidó se proclamó presidente interino.

Paralelamente, las protestas sociales y políticas fueron objeto de una fuerte represión estatal caracterizada por el uso excesivo de la fuerza y la persecución de personas opositoras. En ese contexto, las Fuerzas de Acciones Especiales – FAES fueron señaladas por miles de muertes de civiles entre 2018 y 2019. Todo ello ocurrió en medio de una grave crisis económica, social y humanitaria que desencadenó uno de los mayores procesos migratorios de la historia reciente de la región.

El primer informe de la Misión, presentado en 2020, describió un proceso sostenido de deterioro institucional y debilitamiento del Estado de derecho desde 2014. La investigación identificó dos grandes ámbitos de violaciones: la represión política y las operaciones de seguridad destinadas supuestamente a combatir la criminalidad. Según las conclusiones del informe, agentes estatales cometieron ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y detenciones arbitrarias. Además, la investigación permitió identificar responsabilidades en distintos niveles de la cadena de mando, incluyendo altas autoridades civiles, militares y judiciales. La Misión concluyó que muchas de estas violaciones se cometieron en el marco de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, constituyendo crímenes de lesa humanidad en virtud del Estatuto de Roma, del que Venezuela es parte.

Las sucesivas renovaciones del mandato permitieron profundizar estas investigaciones. A lo largo de los años, la Misión examinó el papel desempeñado por instituciones clave del aparato estatal, entre ellas el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional – SEBIN, la Dirección General de Contrainteligencia Militar – DGCIM, la Guardia Nacional y diversos órganos del sistema judicial. Los informes posteriores continuaron documentando patrones de represión dirigidos contra sectores críticos del Gobierno.

Un aspecto especialmente relevante fue el informe de 2023, centrado en las restricciones al espacio cívico y democrático. En él se observó que el Gobierno utilizaba mecanismos represivos de intensidad variable según el nivel de amenaza que percibía para su permanencia en el poder. Durante momentos de alta movilización política se recurría a formas severas de represión, mientras que en otros períodos predominaban mecanismos más sutiles que limitaban las libertades fundamentales y los derechos políticos.

La Misión también amplió progresivamente el alcance de sus investigaciones hacia otras dimensiones de la crisis venezolana. En 2022 publicó un documento específico sobre el Arco Minero del Orinoco, donde examinó la explotación ilegal de recursos naturales y la actuación de grupos criminales y armados que operaban con tolerancia estatal.

Las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 marcaron un nuevo punto de inflexión. Según la Misión, el Estado venezolano reactivó y fortaleció los mecanismos más duros de represión política. Más de dos mil personas fueron detenidas en el contexto de las movilizaciones postelectorales. La Misión concluyó que varios de los hechos investigados constituían una continuación de patrones previamente identificados como crímenes de lesa humanidad y consideró la posible existencia del crimen de persecución por motivos políticos.

La gravedad de estos hallazgos llevó al Consejo de Derechos Humanos a renovar nuevamente el mandato de la Misión en octubre de 2024, solicitando especial atención al proceso electoral, sus consecuencias y la actuación de los llamados “colectivos”.

Finalmente, en relación a la situación posterior a los acontecimientos de enero de 2026, aunque se abrió una nueva etapa política, la Misión señaló que persisten importantes obstáculos para una verdadera transición basada en los derechos humanos. Las estructuras responsables de la persecución no han sido desmanteladas, varios responsables continúan ocupando posiciones de poder y siguen vigentes instrumentos jurídicos utilizados para restringir libertades.

Asimismo, la Misión expresó preocupación por la aplicación limitada y selectiva de la reciente Ley de Amnistía. Aunque miles de personas se beneficiaron formalmente de la norma, solo un número reducido de personas privadas de libertad fue efectivamente excarcelado. Centenares de personas continúan detenidas arbitrariamente por motivos políticos. La muerte en prisión de Víctor Quero Navas fue presentada como un ejemplo de la persistencia de graves abusos.

Esta intervención concluye señalando que el contexto actual podría representar una oportunidad para avanzar hacia el respeto de los derechos humanos, la rendición de cuentas y la reconciliación nacional. En este proceso, el trabajo de la Misión y de otros mecanismos internacionales resulta fundamental para identificar patrones de violación, establecer responsabilidades y contribuir al diseño de reformas institucionales que permitan construir una transición democrática sostenible en Venezuela.