Hantavirus, terremotos y un sistema de salud colapsado

En julio el Ministerio de Salud venezolano confirmó tres muertes por hantavirus en el estado Anzoátegui, todas de una misma familia expuesta en una finca rural. Además, reportó otras dos muertes de personal médico en Barinas —una epidemióloga regional, un médico, un enfermero y un sacerdote figuran entre los casos bajo sospecha— cuya causa aún se investiga. El gobierno insiste en que no hay evidencia de transmisión entre personas y que el episodio está contenido. Por el contrario, la Federación Médica Venezolana, sostiene que la cifra real es mayor y que las estadísticas oficiales no reflejan la dimensión del problema.

Diferentes epidemiólogos lo vienen advirtiendo desde hace semanas en sus redes, el hantavirus no es el nuevo covid, su riesgo de propagación masiva es bajo porque las cepas identificadas en la región rara vez saltan de persona a persona. Entonces, lo que preocupa no es el virus en sí, sino el sistema que tendría que contenerlo.

El informe «Derecho a la Salud 2025» de PROVEA, publicado apenas semanas antes de este brote, describe un sistema sanitario que opera con apenas 20% de sus capacidades disponibles y que ha perdido cerca de 80% de su capacidad de atención por el colapso estructural que arrastra desde 2016. En 2025 se registraron 94.056 denuncias de violaciones al derecho a la salud —el quinto año consecutivo en máximos históricos—, más de la mitad de ellas por falta de personal capacitado, insumos básicos y equipos. Los datos de HumVenezuela citados en el mismo informe muestran que 94,6% de la población depende casi exclusivamente del sistema público, un sistema que, según sus propios usuarios, carece de insumos en 88,5% de los casos y de medicamentos en 89,8%.

Ese es el sistema que hoy debe montar un «cerco epidemiológico» en el estado Anzoátegui, identificar contactos, confirmar diagnósticos por laboratorio y comunicar con transparencia lo que encuentra. El propio informe de PROVEA documenta que Venezuela pasó más de una década sin publicar boletines epidemiológicos regulares. Un país que oculta o no produce datos sanitarios básicos no puede, al mismo tiempo, garantizar vigilancia epidemiológica confiable ante un patógeno que se transmite por inhalación de partículas de roedores infectados y que en sus variantes más severas puede matar hasta al 40% de quienes lo contraen.

A esto se suma un contexto que agrava todo lo demás: los terremotos de finales de junio de 2026 dejaron más de 5.200 muertos y una infraestructura hospitalaria ya golpeada aún más debilitada, justo cuando se necesitan capacidades de respuesta rápida. La migración de personal médico —que el propio informe de PROVEA documenta como una fuga sostenida durante años— reduce aún más la capacidad de detectar casos tempranamente en zonas rurales, que es precisamente donde circula el virus.

Ese colapso sanitario no es un fenómeno aislado ni reciente: es apenas el capítulo más nuevo de lo que agencias de la ONU y una red de organizaciones humanitarias catalogan desde hace más de media década como una Emergencia Humanitaria Compleja en Venezuela. El Informe Mundial 2025 de Human Rights Watch, citando a la plataforma independiente de sociedad civil HumVenezuela, señala que 14,2 millones de personas enfrentaban necesidades críticas y que el hambre afectaba a 5,1 millones de venezolanos, mientras cerca de 28,4% de las farmacias del país carecía de medicamentos esenciales. El propio HumVenezuela, en su sexto informe anual de seguimiento a esa emergencia, describe una «crisis estancada», ya que aunque cerca de 500.000 personas lograron salir de la condición de necesidad severa por un leve repunte de ingresos, otras 900.000 cayeron en esa misma condición, en un país donde, según cifras de HumVenezuela de 2024, 86,9% de la población vivía en situación de pobreza por ingresos. Así las cosas, es sobre ese terreno —ya fracturado en alimentación, agua, electricidad y acceso a medicamentos— que ahora debe montarse, además, la respuesta al hantavirus.

Ese hecho debería obligarnos a repensar qué significa, en la práctica, que un derecho esté «garantizado». Venezuela tiene, sobre el papel, una de las constituciones más generosas de la región en materia de salud: la define como derecho humano y social, obligación del Estado, con servicios que deben ser «gratuitos, universales, integrales, equitativos, solidarios». Nada de eso ha impedido que 94.056 personas hayan denunciado violaciones a ese derecho en un solo año, o que un brote de hantavirus encuentre un sistema incapaz de confirmar a tiempo sus propios diagnósticos.

La lección es incómoda pero ineludible: un derecho social sin presupuesto no es un derecho, es una aspiración. La norma jurídica establece la titularidad, pero es el gasto público en insumos, personal, laboratorios y vigilancia epidemiológica, lo que convierte esa titularidad en una prestación real y exigible. Cuando el presupuesto de salud se recorta 28% en un año, como ocurrió en Venezuela en 2025, y cae por tercer año consecutivo, se desmantela la posibilidad material de que el derecho exista fuera del texto constitucional. Ningún plan de gobierno, por ambicioso que sea en su redacción, sustituye la pregunta más básica de la política pública: ¿hay recursos suficientes, sostenidos y bien administrados para que esto funcione? 

El caso venezolano es un ejemplo muy crudo de que cuando el presupuesto de salud se convierte en el saldo residual después de otras prioridades del gasto público, lo primero que se pierde es la capacidad de respuesta ante lo impredecible: un brote de hantavirus, un terremoto, una epidemia de sarampión. De forma paralela también se pierde, más lentamente, pero de forma más profunda, y es la posibilidad es que la salud siga siendo un derecho exigible y no un privilegio sujeta al presupuesto de cada familia. Es así como, en un gobierno que se jacta de ser popular, tener una ventaja socioeconómica se volvió la única vía para acceder al sistema de salud.

Por eso cualquier discusión sobre una eventual transición en Venezuela que no ponga los derechos sociales en el centro corre el riesgo de repetir el mismo error y es tratar la salud, la alimentación o el agua como asuntos secundarios que «ya se resolverán» una vez estabilizada la macroeconomía o la política. Con esto no queremos decir que la economía y la política no deban ser centrales para la reconstrucción de un país, pero el error de no garantizar paralelamente los derechos sociales pone en riesgo la calidad de vida de las personas, así como su vida misma. La experiencia venezolana nos ilustra como un cambio de gobierno, por sí sólo, no repara por sí solo un sistema hospitalario, ni lo llena de insumos y mucho menos recupera una red epidemiológica que no tiene datos, ni devuelve al personal médico que ya emigró. Reconstruir esas capacidades toma años y exige que el Estado vuelva a asumirse como garante y no como espectador del bienestar de sus ciudadanos. Un Estado protector no es el que promete derechos en su constitución, sino el que sostiene con presupuesto, personal y transparencia la capacidad de ejercerlos todos los días, incluidos los días en que no hay terremoto ni brote que lo obligue a reaccionar. Esa es, en última instancia, la vara con la que debería medirse cualquier proyecto político que aspire a gobernar en la transición democrática.