La participación de las víctimas en la justicia transicional: lecciones desde Guatemala para pensar la transición en Venezuela

Pensar la transición democrática en Venezuela exige mirar más allá de los enfoques tradicionales centrados exclusivamente en espacios formales o institucionales. Como lo plantea el marco del Ius Constitutionale Commune en América Latina (ICCAL), la reconstrucción de las condiciones de una sociedad democrática requiere articular derecho, política, instituciones y viabilidad práctica, reconociendo espacios locales de resiliencia democrática. En esa tarea, las experiencias comparadas ofrecen herramientas, alertas y lecciones útiles de reflexión. Guatemala, considerada un caso paradigmático de la justicia transicional, arroja luces sobre una dimensión crucial en los debates sobre transiciones: la participación de las víctimas.

Las víctimas-sobrevivientes como actores centrales de la justicia transicional

Guatemala vivió 36 años de conflicto armado interno (1960-1996), marcado por violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos, incluyendo crímenes de lesa humanidad y actos de genocidio, donde el Pueblo Maya representó el 83% de las víctimas. En este contexto, las víctimas han sido actores fundamentales en la configuración, impulso y sostenimiento de los procesos de justicia transicional, a menudo frente a la débil voluntad política del Estado, la impunidad estructural y profundas desigualdades históricas.

A diferencia de otros contextos, Guatemala nunca adoptó una ley marco de justicia transicional. Muchos de los mecanismos que surgieron luego de la firma de los Acuerdos de Paz en 1996 fueron el resultado directo de la movilización de organizaciones de víctimas, comunidades afectadas y organizaciones de derechos humanos. Especialmente las víctimas organizadas han desempeñaron un papel activo en la definición de prioridades, en la construcción de agendas y en la creación de espacios de incidencia política y jurídica.

Su participación estratégica, especialmente la del Pueblo Maya, fue determinante en ampliar el mandato de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, la creación del Programa Nacional de Resarcimiento (PNR) y la judicialización de casos emblemáticos de graves violaciones de derechos humanos sobre genocidio y crímenes de lesa humanidad tanto a nivel nacional como ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). En particular, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos sobre masacres, tortura, desaparición forzada, entre otros, han sido clave para la movilización interna: para la denuncia de patrones de violencia, avanzar investigaciones penales, demandar reparaciones integrales e impulsar la creación de mecanismos de búsqueda de personas desaparecidas.

Sin embargo, más allá del desarrollo de mecanismos institucionales, la experiencia guatemalteca muestra que la justicia transicional no emerge únicamente desde el Estado. También puede construirse a nivel local, mediante procesos de movilización colectiva que aprovechan oportunidades jurídicas y políticas para impulsar sus demandas de justicia.

Trayectorias participativas más allá de los mecanismos formales

El análisis de estas trayectorias participativas con un enfoque basado en actores permite observar una movilización de base en espacios formales e informales. Los colectivos de víctimas articulados en movimientos sociales más amplios: de mujeres, Maya, anticorrupción, han construido alianzas con otros actores de la sociedad civil que han actuado como acompañantes en estos procesos.

Su repertorio de acción colectiva ha combinado, por una parte, la movilización jurídica: participación como querellantes adhesivos en procesos penales (clave para presentar pruebas, armar casos y darles seguimiento), la movilización del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) ante la falta de voluntad política, y el impulso de acciones constitucionales y administrativas. Por otra parte, las víctimas impulsan movilización sociopolítica, a través de la protesta social y actividades de incidencia que vinculan arte y reclamos de justicia.

Paralelamente, y en muchos casos en respuesta a las limitaciones de los mecanismos estatales, la movilización de base ha conducido a la creación de espacios alternativos de justicia, por ejemplo: procesos de exhumación comunitaria, prácticas de documentación y archivo de violaciones de derechos humanos, construcción de la verdad desde lo local (historias orales, tribunales de conciencia), espacios de memoria como murales, monumentos y museos comunitarios, y prácticas locales de sanación con enfoque psicosocial.

Estas prácticas no sólo constituyen espacios de solidaridad y resistencia ante la falta de voluntad política, sino que también amplían el alcance de la justicia transicional y cuestionan enfoques excesivamente legalistas. Las comunidades afectadas suelen articular concepciones propias sobre el daño y la reparación, incorporando dimensiones culturales, espirituales, territoriales y colectivas que no siempre encuentran reconocimiento en los marcos institucionales tradicionales.

Tensiones, deudas pendientes y desafíos

El caso guatemalteco también evidencia tensiones significativas entre la participación simbólica y la participación efectiva. El PNR es un ejemplo claro: su gradual desmantelamiento, junto al de otras instituciones de la paz, y un enfoque centrado en la compensación económica sin medidas genuinamente transformadoras que atendieran las causas estructurales del conflicto, generaron insatisfacción y fatiga participativa. No se logró concretar un mecanismo de búsqueda de personas desaparecidas ni un registro único de víctimas. En materia de garantías de no repetición, no hubo una reforma agraria integral, persisten el racismo y la discriminación, y fracasó la reforma constitucional en materia de justicia y pluralismo jurídico. Persiste, además, la invisibilización del rol de los actores económicos en el conflicto armado, debido al poder que aún ejercen en el país.

A ello se suman la crisis de independencia del Organismo Judicial, criminalización e intimidación de víctimas, testigos y operadores judiciales, el litigio malicioso en procesos penales, las narrativas negacionistas y estigmatizantes, y la falta de recursos para garantizar la sostenibilidad de los espacios locales.

Aun así, treinta años después de la firma de la paz, la justicia transicional continúa siendo un paradigma movilizado por la sociedad: para avanzar prioridades contemporáneas de justicia como el diálogo intergeneracional, la preservación de la memoria histórica a través de espacios locales comunitarios, así como para la creación de nuevos espacios formales, como el Plan de Reparación y Dignificación 2026-2036.

Lecciones para el caso venezolano

¿Qué aporta esta experiencia para pensar la transición en Venezuela? Primero, la necesidad de repensar la justicia transicional más allá de un enfoque centrado exclusivamente en instituciones formales a uno que equipara la agencia de las víctimas, sus propias formas organizativas y sus concepciones situadas de justicia. Segundo, el carácter contingente de la justicia transicional marcada por momentos de apertura y cierre, el cual exige una movilización estratégica y creativa de las oportunidades jurídicas y políticas. Tercero, la importancia de diseñar mecanismos participativos con enfoques interseccionales e integrales, que, además, eviten reproducir jerarquías y fragmentaciones dentro de los propios colectivos de víctimas. Cuarto, acompañantes nacionales e internacionales, como donantes, la academia y organizaciones de derechos humanos son clave para sostener procesos anclados localmente, que exigen transitar de enfoques paternalistas que «dan voz» hacia prácticas éticas de co-creación y colaboración horizontal.

A pesar de las experiencias mixtas, de los riesgos de seguridad de las víctimas y la de fatiga participativa tras décadas de movilización, Guatemala demuestra la persistente resiliencia de las víctimas, quienes continúan impulsando agendas relacionadas con la memoria, el diálogo intergeneracional y la reparación. Para Venezuela, la lección central es que una transición legítima y sostenible se debe construir en conjunto con las víctimas y las comunidades afectadas, quienes han estado históricamente en el centro de las luchas por la verdad, la justicia y la dignidad.