¿Qué es ICCAL?
El Ius Constitutionale Commune en América Latina (ICCAL) es un proyecto académico que examina los desafíos constitucionales y jurídicos de la región desde la perspectiva del derecho público. Su eje central es la promoción, el respeto y la garantía de los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho.
¿Qué es ICCAL? y Nuestros Conceptos
¿Qué es ICCAL?
El Ius Constitutionale Commune en América Latina (ICCAL) es un proyecto académico que aborda los problemas jurídicos de la región desde la perspectiva del derecho público, centrado en la promoción, el respeto y la garantía de los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho.
Explora los rasgos comunes de los sistemas de derecho público latinoamericanos y su interacción entre el derecho internacional y el derecho nacional, analizando la consolidación de una comunidad de práctica y el desarrollo de un ius commune con relevancia comparada.
Defiende la existencia de un fenómeno jurídico que surge de la confluencia entre ambos órdenes, con identidad y orientación propias, y promueve una lectura jurídica, doctrinal y académica compartida.
Como enfoque del constitucionalismo transformador latinoamericano, busca responder a déficits estructurales y condiciones socioeconómicas adversas, examinando problemas como la exclusión, la debilidad de los marcos normativos y las dificultades en la plena garantía de derechos.
Describe una práctica jurídica transnacional que vincula la Convención Americana sobre Derechos Humanos con instrumentos interamericanos, constituciones nacionales, derecho internacional y jurisprudencia, en diálogo con procesos sociales.
ICCAL reúne a académicos, juristas, jueces, sociedad civil, funcionarios y líderes sociales en un colectivo multidisciplinario que impulsa transformaciones estructurales para materializar las promesas constitucionales y los tratados de derechos humanos en la región.
Antecedentes
ICCAL surge de la interacción entre comunidades académicas latinoamericanas, europeas y de otras regiones, basado en una tradición de derecho público y constitucionalismo comparado.
Nació del constitucionalismo renovado tras la caída de los regímenes autoritarios, con énfasis en principios y valores constitucionales, enfoques hermenéuticos y apertura al derecho internacional de los derechos humanos.
Desde 2004, el Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional (Heidelberg) acoge el Coloquio Iberoamericano, espacio de configuración colectiva de ICCAL, que reúne a instituciones académicas, tribunales nacionales e interamericanos y organizaciones de la sociedad civil.
El proyecto ha generado conferencias, más de treinta libros, artículos académicos y cursos presenciales y en línea, con especial proyección en América Latina.
Función Analítica de ICCAL
La función analítica de ICCAL se centra en estudiar la interacción entre las constituciones nacionales y el derecho internacional, en particular el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Examina cómo los desarrollos interamericanos fortalecen discursos internos transformadores y configuran un constitucionalismo transformador, integrando principios del derecho público y de los derechos humanos en un derecho común con identidad propia y relevancia global.
Analiza procesos de influencia y difusión jurídica, identifica elementos comunes en los sistemas nacionales y evalúa las debilidades institucionales que afectan la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos.
Utiliza técnicas como el control de convencionalidad y la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, destacando el diálogo judicial, el pluralismo constitucional y el papel de la comunidad de práctica en la consolidación de este derecho común.
Posición Normativa de ICCAL
La posición normativa de ICCAL promueve un constitucionalismo transformador orientado al respeto de los derechos humanos, los valores democráticos y el Estado de derecho como motores de cambio social.
Busca hacer efectivas las promesas constitucionales en toda la región a través de la difusión de estándares de derechos humanos, la compensación de déficits nacionales y el empoderamiento de actores sociales.
Su agenda prioriza superar debilidades institucionales que generan inseguridad, impunidad y corrupción, así como combatir la desigualdad, la violencia y la exclusión, con especial atención a los grupos en situación de vulnerabilidad.
ICCAL articula una red de instituciones y personas que utilizan instrumentos jurídicos para impulsar cambios estructurales, redefinir la justificación del poder y fortalecer el rol del derecho y de la academia frente a las deficiencias sistémicas, reconociendo que muchas de ellas están enraizadas en el propio derecho.
Enfoque Metodológico de ICCAL
El enfoque metodológico de ICCAL combina la investigación académica sobre el derecho nacional e internacional, una orientación comparada y una metodología basada en principios, en particular la tríada: derechos humanos, democracia y Estado de derecho.
Sigue una perspectiva comparada que trasciende la visión tradicional del monismo y el dualismo, destacando la interacción entre tribunales nacionales y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, así como entre diversas instituciones nacionales.
Otorga especial importancia a la comunidad de práctica de derechos humanos en América Latina como motor en la construcción del derecho común de la región, reconociendo la diversidad étnica y cultural y rechazando toda forma de exclusión.
Asimismo, observa cómo la Corte Interamericana de Derechos Humanos integra en su jurisprudencia las distintas formas de derecho social y cultural que coexisten en la región.
Finalmente, al concebir el constitucionalismo transformador como un fenómeno global, ICCAL ofrece una contribución relevante para otras regiones, tanto para reflexionar sobre la universalidad de las concepciones del Norte Global como para inspirar nuevas perspectivas en contextos donde este enfoque no es común.
Nuestros Conceptos
Ius Constitutionale Commune (Ius Commune)
La perspectiva del ius commune reconoce la diversidad política y jurídica de América Latina, pero también identifica valores constitucionales comunes y métodos interpretativos que pueden sostener una integración jurídica regional. En la práctica, este fenómeno se manifiesta en el diálogo judicial, la jurisprudencia coordinada y las reformas institucionales que incorporan estándares interamericanos y conocimiento comparado en los sistemas nacionales.
El enfoque es explícitamente transformador: busca reducir las desigualdades estructurales y fortalecer la gobernanza democrática haciendo efectivos los derechos en la vida real. Más allá de las normas escritas, es una práctica viva que evoluciona a través de comunidades de práctica que conectan tribunales, academia, instituciones públicas y sociedad civil. De este modo, el ius commune deja de ser solo un marco conceptual y se convierte en derecho operativo, generando mejores resultados para las personas y sociedades de la región.
Interamericanización
La interamericanización es un proceso multidireccional. Los tribunales nacionales, legislaturas y agencias incorporan estándares interamericanos mediante jurisprudencia, reformas legislativas, prácticas administrativas y formación. Al mismo tiempo, los Estados moldean el derecho regional al citar, implementar y criticar los criterios de la Corte Interamericana en casos contenciosos y opiniones consultivas.
Este intercambio fomenta la armonización de los derechos humanos en la región, refuerza la rendición de cuentas y construye una identidad jurídica compartida. También actúa como vehículo del constitucionalismo transformador: no se trata solo de incorporar normas, sino de crear un espacio regional de convergencia jurídica. La jurisprudencia reciente sobre derechos climáticos es un ejemplo paradigmático: sus efectos trascienden las fronteras nacionales e influyen en litigios y políticas públicas en varios países, mostrando el alcance expansivo de la interamericanización.
Constitucionalismo Transformador
El constitucionalismo transformador va más allá de la mera preservación de los arreglos existentes. Exige que los tribunales interpreten los derechos de manera expansiva, que los legisladores adapten el marco jurídico a los valores constitucionales, que las administraciones alineen sus políticas y que la sociedad civil participe en la definición de prioridades.
Este enfoque se mide por resultados concretos: ¿funcionan mejor las instituciones?, ¿se protegen más eficazmente los derechos?, ¿acceden realmente los grupos históricamente marginados? En América Latina, donde la desigualdad y la fragilidad democrática persisten, el constitucionalismo transformador busca convertir a las constituciones en motores de cambio estructural. Aunque se nutre de experiencias comparadas —incluidas las europeas—, está profundamente anclado en los contextos y desafíos latinoamericanos.
Impacto Transformador
Medir el impacto transformador requiere combinar indicadores cuantitativos y cualitativos. Entre los primeros están el acceso a la justicia, la educación, la salud o el cumplimiento de sentencias internacionales. Entre los segundos, los cambios en el discurso público, la cultura institucional y el empoderamiento de grupos históricamente marginados.
Este énfasis en los resultados fomenta un aprendizaje iterativo: las estrategias se ajustan cuando la evidencia muestra qué funciona, para quién y en qué condiciones. El impacto transformador permite a tribunales, agencias estatales y sociedad civil alinearse en torno a objetivos compartidos y posibilita comparaciones transnacionales dentro del ius commune. Así, el éxito no se mide solo por la existencia de normas, sino por la transformación efectiva de prácticas y realidades sociales.
Comunidades de Práctica
Inspiradas en la teoría del aprendizaje situado de Lave y Wenger, las comunidades de práctica constituyen el núcleo operativo de ICCAL. Son espacios donde circulan argumentos, se difunden innovaciones jurisprudenciales y se construyen marcos interpretativos compartidos basados en la confianza profesional y la resolución común de problemas.
Su carácter comparado y transinstitucional sostiene la convergencia jurídica más allá de los mecanismos institucionales formales, transformando ideas en prácticas y prácticas en doctrina. Al conectar tribunales, academia, instituciones públicas y sociedad civil, las comunidades de práctica garantizan la continuidad del proyecto y su capacidad para generar un derecho vivo y dinámico con impacto real en la vida cotidiana.