24 de septiembre de 2025, MPIL Heidelberg

El Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional celebró una nueva sesión de su ciclo de Coloquios Iberoamericanos, titulada “El derecho a la democracia y el Test Democrático Interamericano”. La investigadora Mariela Morales Antoniazzi, coordinadora del proyecto ICCAL, presentó los avances de su investigación junto al invitado especial Jesús María Casal, jurista venezolano, exdecano de la Facultad de Derecho de la UCAB y destacado académico en derecho constitucional.

El diálogo se desarrolló en el marco de la solicitud de Opinión Consultiva sobre democracia y su protección ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, presentada por la República de Guatemala conforme al artículo 64.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Casal centró su exposición en la estrecha relación entre democracia, Estado de derecho y derechos humanos, destacando los fundamentos normativos y los hitos jurisprudenciales que consolidan el derecho a la democracia como principio estructural del sistema interamericano. Subrayó que la democracia constituye el marco político y valorativo en el que los derechos humanos adquieren plena vigencia.

El encuentro abordó un diagnóstico inquietante: América Latina atraviesa una tercera ola de autocratización, caracterizada por la concentración presidencial, el debilitamiento de contrapesos institucionales y la instrumentalización del poder judicial. En este contexto, se resaltó el papel del Test Democrático Interamericano (TDI), derivado de la Carta Democrática Interamericana, como parámetro normativo y analítico que conecta democracia, Estado de derecho y derechos humanos. Morales Antoniazzi explicó que, en el escenario actual, el subtest de independencia judicial adquiere especial relevancia como condición estructural de toda democracia.

La discusión concluyó reafirmando la vigencia de los principios de resiliencia democrática y no regresión, ejes centrales del enfoque ICCAL. Tanto Morales Antoniazzi como Casal coincidieron en que, ante los desafíos autoritarios, el derecho a la democracia debe entenderse no como una declaración abstracta, sino como un mandato estructural que exige instituciones sólidas, jueces independientes y estándares compartidos en el ámbito regional.