El cierre aparentemente legal del espacio cívico: desde Rusia hasta Latinoamérica

Los gobiernos autoritarios han ampliado su repertorio. Ya no recurren únicamente a las amenazas, las desapariciones o la violencia para silenciar las voces críticas. Hoy también pueden hacerlo con una ley cuidadosamente redactada. Una que hable de «transparencia», de «soberanía nacional» o de «rendición de cuentas». Una que, sobre el papel, parezca razonable y hasta necesaria, pero que en la práctica termine rompiendo, pieza por pieza, el tejido de la sociedad civil.

Estas leyes operan dentro de un fenómeno que hoy se conoce como «cierre del espacio cívico», y sus cifras son alarmantes: según el CIVICUS Monitor, el 73% de la población mundial vive hoy en países con espacios cívicos cerrados o reprimidos. Más de 66 países imponen restricciones legales a las organizaciones que defienden derechos. Esto no es una coincidencia: es un patrón global con un origen claro, un manual compartido y una expansión que hoy llega con especial fuerza a América Latina.

El laboratorio ruso

El punto de partida es Rusia, 2012. Vladimir Putin, promulgó la Ley Federal N° 121-FZ, conocida como la ley de «agentes extranjeros». Su mecanismo fue contundente: cualquier organización que recibiera financiamiento del exterior y realizara «actividades políticas» debía registrarse con ese nombre estigmatizante de “agente extranjero”, etiquetarlo en todos sus materiales con letras dos veces más grandes que el resto, y someterse a inspecciones sin orden judicial y reportes trimestrales agotadores.

El efecto fue inmediato y calculado. Organizaciones emblemáticas como Memorial e internacionales como Amnistía internacional y Human Rights Watch fueron forzadas a cerrar. Pero lo más importante no fue solo lo que la ley hizo en Rusia, sino lo que le enseñó al mundo.

La exportación del modelo ruso

Desde 2012, más de 66 países han adoptado legislación similar. La cadena de transmisión es documentable. Hungría aprobó en 2017 su «Ley Soros», obligando a las ONG con financiamiento extranjero a etiquetarse públicamente; el Tribunal de Justicia de la Unión Europea la declaró inconstitucional en 2020, pero el gobierno Orbán tardó meses en cumplir y presentó una nueva versión en 2022 y 2025. India reformó en 2020 su Ley FCRA, prohibiendo que organizaciones grandes transfirieran fondos a las pequeñas y obligando a todas a operar a través de una única cuenta bancaria supervisada por el Estado.

En América Latina, Nicaragua inauguró la ola regional en 2020. Sus propios legisladores llamaron a la norma «Ley Putin», pues su texto recogía punto por punto los elementos del modelo ruso: registro como agente extranjero, prohibición de participar en política interna, reportes mensuales, cierre discrecional. Venezuela aprobó su ley de fiscalización de ONG en agosto de 2024 y Paraguay la siguió en noviembre de 2024. El Salvador, en mayo de 2025, con el añadido de un impuesto del 30% sobre todos los fondos recibidos del exterior. Perú promulgó su reforma a la Ley APCI en abril de 2025, convirtiendo en «infracción muy grave» usar cooperación internacional para litigar contra el Estado.

El manual compartido

Lo que une a leyes de contextos tan lejanos, no es necesariamente la ideología de sus promotores, sino el repertorio de herramientas. Es posible identificar al menos cuatro modelos que pueden mezclarse entre sí: el de «agente extranjero» (estigmatización y registro, modelo ruso); el de control del financiamiento internacional (bloqueo de flujos financieros, modelo indio); la criminalización bajo argumentos de seguridad nacional (modelo egipcio); y la «muerte burocrática», la asfixia mediante requisitos administrativos imposibles de cumplir (modelo indo).

Lo que revelan las justificaciones oficiales de todas las leyes es también casi calcado. «Transparencia», «soberanía nacional», «rendición de cuentas», «interés público»: este vocabulario aparece en todas las leyes, de Nicaragua a Perú, de Rusia a El Salvador. Pero ninguno de los gobiernos que las aprueba las aplica a sus propios partidos políticos, a sus organizaciones afines, ni a los fondos que reciben de gobiernos aliados. La selectividad es la evidencia más clara del objetivo real: no hay interés en la transparencia, hay interés en el silencio de la sociedad civil.

Lo que perdemos

En India, 21.933 organizaciones perdieron sus licencias para recibir financiación extranjera y los recursos provenientes del exterior destinados a las organizaciones de la sociedad civil se redujeron en un 40 % entre 2015 y 2018. En Nicaragua, el impacto ha sido igualmente devastador: desde 2018, el gobierno ha cancelado la personalidad jurídica de más de 5.600 organizaciones, entre ellas universidades, asociaciones médicas, organizaciones religiosas y numerosas entidades dedicadas a la educación, la asistencia social y la defensa de los derechos humanos. Estos son solo algunos ejemplos del impacto que este tipo de leyes ha tenido sobre las organizaciones de derechos humanos y, en general, sobre la sociedad civil.

Sin organizaciones que monitoreen el poder, la corrupción avanza sin controles. Sin defensoras de derechos humanos, las violaciones quedan sin documentar. Sin prensa independiente, los ciudadanos toman decisiones electorales sin información. El cierre del espacio cívico no es un problema sectorial de las ONG sino es el vaciamiento silencioso de las condiciones que hacen posible la democracia.

La resistencia jurídica no es suficiente

Las organizaciones no han permanecido inmóviles. En Rusia y Nicaragua, activistas operan desde el exilio manteniendo redes internas. En Egipto, ONG se reconstituyeron como “bufetes de abogados, centros de investigación y empresas de consultoría» para esquivar la prohibición. En Paraguay y Perú, coaliciones presentaron acciones de inconstitucionalidad y lograron pronunciamientos de relatores de la ONU. En Georgia, manifestaciones masivas lograron que el gobierno retirara en 2023 una primera versión de la ley, aunque la aprobaron en 2024.

La resistencia jurídica es necesaria pero no suficiente. Las Cortes y tribunales pueden declarar inaplicables leyes o artículos concretos pero no pueden reconstruir el tejido de una sociedad civil. Lo que complementa el litigio es la visibilidad internacional sostenida, la diversificación de financiamiento, las campañas de comunicaciones y coaliciones que vayan más allá del sector tradicional de los derechos humanos.

Nos falta coordinación regional

Hay algo profundamente paradójico en las leyes anti-ONG: usan el lenguaje del derecho para destruir el Estado de Derecho. Convocan la transparencia para ocultar el poder. Invocan la soberanía popular para silenciar a quienes hablan en nombre de las personas más vulnerables.

Para los países que atraviesan transiciones políticas o buscan reconstruir la confianza en sus instituciones, la principal enseñanza es clara: proteger el espacio cívico no es una concesión a las organizaciones sociales, sino una condición para la estabilidad democrática. Las sociedades que preservan una sociedad civil libre, crítica e independiente cuentan con mejores herramientas para corregir los abusos del poder antes de que se conviertan en autoritarismo.

América Latina no está ante un fenómeno nuevo. Está ante la versión regional de un manual que lleva más de una década probándose en otros países. Ese manual ya tiene algunas respuestas documentadas. Lo que falta es la coordinación regional para aplicarlas con la urgencia que el momento exige.