14 de octubre de 2025, MPIL Heidelberg

El Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional celebró el Coloquio Iberoamericano n.º 332 titulado “La reforma del Poder Judicial en México”. La conferencia estuvo a cargo del Prof. Dr. José de Jesús Orozco, jurista y profesor mexicano especializado en derecho constitucional, derechos humanos y derecho electoral. Orozco es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), maestro en Derecho Comparado por la Universidad de California en Los Ángeles, doctor honoris causa por la Universidad San Martín de Porres y por la Universidad Autónoma de Coahuila, ex comisionado y presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ex magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de México.

Orozco presentó una panorámica general de la reciente reforma constitucional del poder judicial en México y de su puesta en marcha. Subrayó que México se ha convertido en el único país del mundo en el que la totalidad de la judicatura, tanto federal como local, será elegida por voto popular. La reforma implica el cese masivo y sin causa justificada de jueces y magistrados en todos los niveles y la eliminación del sistema de carrera judicial basado en concursos de oposición, que permitía el ascenso meritocrático. Las elecciones se desarrollarán en dos etapas, en 2025 y 2027, lo que en su opinión equivale más a una “purga” institucional que a una profundización democrática.

El ponente situó la reforma en su contexto político. Destacó la ausencia de consenso académico y de una justificación técnica sobre la idoneidad de las medidas, así como las tensiones entre el gobierno y la Suprema Corte tras decisiones que declararon inconstitucionales piezas centrales del proyecto gubernamental. También analizó el impacto de una mayoría legislativa artificial, posible gracias a una decisión del Tribunal Electoral que permitió una sobrerrepresentación de hasta 19 puntos porcentuales en la Cámara de Diputados, a pesar de que la Constitución fija un límite expreso de 8 puntos. Según Orozco, la reforma se aprobó de manera apresurada, con mínima deliberación, y evidenció graves debilidades de los mecanismos internos de control constitucional, ya que la acción de inconstitucionalidad quedó a un voto de prosperar y otros medios de impugnación fueron demorados o neutralizados.

Orozco examinó después las irregularidades del primer proceso electoral para integrar los cargos judiciales. Más de la mitad de la judicatura federal optó por no participar, ya fuera mediante renuncias o retiros anticipados. La participación ciudadana rondó el 13 por ciento, con casi 3 por ciento de votos anulados. El proceso se desarrolló en un clima de campaña de desprestigio sostenida contra el poder judicial por parte del ejecutivo, uso masivo de “acordeones” o guías de votación que predeterminaron los resultados, intervención del Senado en la selección de candidaturas y un presupuesto recortado para la autoridad electoral, que redujo el número de casillas. Orozco destacó que el Tribunal Electoral aplicó un estándar probatorio inusualmente estricto para atender las quejas sobre la distribución coordinada de esos acordeones, ignorando, entre otros elementos, un análisis estadístico que mostraba que todos los candidatos incluidos en una misma guía ganaron y todos los excluidos perdieron.

Desde la perspectiva de los derechos humanos, Orozco identificó múltiples violaciones. Para las personas juzgadoras removidas en 2025, y para quienes serán afectadas en 2027, se vulnera la independencia judicial individual mediante la privación del cargo sin causa justa antes de concluir el nombramiento y la independencia institucional mediante un cese masivo equivalente a un desmantelamiento del poder judicial. Se afecta además el derecho a permanecer en el cargo hasta el final del periodo, el derecho a participar en la función pública en condiciones de igualdad para quienes no fueron nominados o electos y el derecho de las personas justiciables a ser juzgadas por tribunales independientes e imparciales. Advirtió, asimismo, sobre el riesgo de captura de la nueva judicatura por partidos políticos, poderes económicos y crimen organizado, señalando casos de personas que no cumplían los requisitos legales y reportes de vínculos con grupos religiosos y organizaciones criminales.

En cuanto a las consecuencias para el Estado de derecho, Orozco sostuvo que la reforma suprime en los hechos la separación de poderes, ya que el partido en el gobierno controla la presidencia, un poder legislativo con mayoría artificial y ahora un poder judicial alineado a través del nuevo mecanismo electoral. Ello implica una colonización de la justicia, una degradación de la política, la erosión del derecho de acceso a la justicia y una regresión autoritaria que recuerda la etapa del antiguo partido hegemónico, aunque con mecanismos más sofisticados. Recordó que diversos índices internacionales clasifican a México como democracia defectuosa o régimen híbrido desde hace varios años.

El coloquio también abordó el papel del sistema interamericano y de otros actores internacionales. Orozco comentó las conclusiones preliminares de la misión de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos, que desaconseja expresamente replicar el modelo mexicano de elección judicial en otros países de la región. Mencionó las peticiones actualmente en trámite ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la expectativa de futuros informes y posibles sentencias de la Corte Interamericana. Señaló, además, que México no ha solicitado cooperación técnica a la Comisión para esta reforma, a diferencia de Bolivia, que sí utilizó esa herramienta en su propio proceso de cambios judiciales.

En la discusión posterior se conectó el caso mexicano con tendencias regionales de regresión autoritaria, populismo y debilitamiento de la independencia judicial. Se debatieron conceptos como populismo judicial, analfabetismo institucional y las nociones de resistencia y resiliencia democrática, así como la responsabilidad de la academia y de la sociedad civil para documentar, monitorear y conceptualizar estos procesos. La sesión concluyó con una preocupación compartida por la posible exportación del modelo mexicano a otros países y con un llamado a mantener una vigilancia académica e internacional constante sobre la implementación de la reforma y las elecciones judiciales previstas para 2027.